CONTEXTO

CONTEXTO

El contenido del informe GIEI NICARAGUA es producto de seis meses de trabajo en terreno y de contacto directo con las víctimas, testigos presenciales de los hechos de violencia, con las familias afectadas y organizaciones de derechos humanos en Nicaragua.

Lamentablemente, como se verá en este informe, el trabajo de coadyuvancia fue perjudicado por la ausencia de respuestas de los órganos estatales nicaragüenses, que no aportaron los documentos solicitados y tampoco contestaron solicitudes de reuniones con el GIEI. Sin embargo, gracias a la colaboración de innumerables personas que aportaron valiosa información, la elaboración de este documento y de los demás productos fue posible.

En el momento que se presenta el informe del GIEI, a pesar que el contexto en Nicaragua no es el de julio de 2018 –cuando el equipo llegó a Nicaragua–, la situación del país en relación al respeto y garantía de los derechos humanos sigue siendo sumamente preocupante: hay miles de nicaragüenses exiliados para proteger a sus vidas, centenas de personas detenidas, familias que siguen luchando por justicia en relación a la muerte de sus seres queridos y una cantidad incontable de personas amenazadas. Aunado a ello, en los días previos a presentar este Informe, la represión profundizó su actuar mediante acciones como la expulsión del país de la defensora de derechos humanos Ana Quirós, quién tiene nacionalidad nicaragüense; o la cancelación de la personalidad jurídica de diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas CENIDH, cuya trayectoria en al defensa de los derechos humanos suma décadas; o el allanamiento de sus oficinas como también a las oficinas de otras instituciones no gubernamentales y de medios de comunicación independientes. Si bien este informe no puede reflejar la totalidad de hechos de violencia ocurridos a lo largo de esos meses por la restricción temporal del mandato del GIEI, se espera que pueda contribuir para que Nicaragua encuentre el camino de la justicia que las víctimas merecen.

El 19 de diciembre de 2018, un día antede que el GIEI presentara su Informe Final en la ciudad de Managua, Nicaragua, el Estado decidió “suspender temporalmente” la visita y permanencia del GIEI en el país, en definitiva, concretar su salida de Nicaragua. El GIEI es consciente de que tal medida solo busca impedir que se conozca la verdad. Asimismo, lamenta no haber podido compartir en Nicaragua con las víctimas y sus familiares la presentación de este Informe y reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, y con las víctimas a quienes les dedica su trabajo.

Agradecimientos

El GIEI destaca la voluntad de las partes que suscribieron el Acuerdo del 30 de mayo de 2018 de conformar este mecanismo de investigación internacional. Un agradecimiento especial a la CIDH por impulsar su creación y apoyar su trabajo, así como a la SG de la OEA. Agradecimientos también a la cooperación internacional por sus aportes. Asimismo, a todas las personas y organismos que colaboraron con esta labor, en particular CENIDH y CPDH, sin cada una de ellas el trabajo no habría sido posible. En especial, a todas las personas que se entrevistaron con el GIEI y que participaron en diferentes reuniones y talleres en Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, México y España, quienes, con valentía y, a pesar de la continuidad de la violencia, entregaron sus testimonios.

Un especial agradecimiento a su equipo de trabajo, así como a las personas y organizaciones que compusieron su equipo extendido e hicieron parte de la labor desarrollada.

I. CONTENIDO DEL INFORME

El Informe Final contiene XIV capítulos. Comienza con la CONSTITUCIÓN del GIEI y su MANDATO, es decir, la coadyuvancia en las investigaciones que las autoridades nicaragüenses realizarían por los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 y el análisis del Plan de Atención Integral a las Víctimas que el Estado elaboraría. El GIEI fue integrado por Amerigo Incalcaterra, Sofía Macher Batanero, Claudia Paz y Paz Bailey y Pablo Parenti e inició sus labores en Nicaragua el 2 de julio de 2018, apoyado por un equipo técnico interdisciplinario integrado por profesionales de diversas nacionalidades y especialidades.

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Continúa con el contexto de trabajo del GIEI, el que no estuvo exento de LIMITANTES. Fue complejo y difícil por la continuidad de los hechos de violencia varios meses después de su instalación y, si bien en los últimos meses del mandato no se registraron hechos de la magnitud de los primeros, ello se debió a que el Estado criminalizó cualquier acto de protesta por parte de la ciudadanía y persiguió e incluso encarceló a líderes de distintos sectores sociales y políticos, así como a medios de prensa y periodistas, con el objeto de inhibir cualquier acción que pretendiera manifestarse contra el Estado. Este contexto representó una seria limitación para realizar el trabajo que fue encomendado. En virtud del miedo reinante entre las víctimas, sus familiares y personas de la sociedad en general a sufrir represalias y criminalización por expresarse y ejercer sus derechos. Miedo que obligó a miles de familias a iniciar el camino del exilio. A ello, se sumó la falta absoluta de colaboración de las autoridades nicaragüenses para el ejercicio de la coadyuvancia que implicaba una labor estrecha con éstas, especialmente con el Ministerio Público. Por el contrario, obstaculizaron el trabajo del GIEI, todo ello en contravención a los compromisos adquiridos en el Acuerdo suscrito el 30 de mayo de 2018.

1/ Niegan al GIEI ingreso a Audiencias Públicas

En virtud de lo anterior, el GIEI implementó una METODOLOGÍA que se basó principalmente en recopilar información de fuentes abiertas y en el análisis de la información oficial entregada por el Estado a la CIDH durante su visita en el mes de mayo y otras fuentes reservadas, tanto en Nicaragua como fuera de ella. El GIEI examinó un gran número de documentos, incluyendo videos, fotografías y artículos periodísticos y material de los medios y redes sociales, muchos de los cuales fueron registrados por la ciudadanía participante en las protestas. Solo en material audiovisual se revisaron y analizaron más de 10 mil archivos, lo que planteó retos metodológicos y la incorporación de nuevas herramientas de investigación y de especialistas en la materia.

Debido a la magnitud de los hechos ocurridos en el país, el GIEI se concentró en las vulneraciones al derecho a la vida y en el contexto en el que se produjeron, sin perjuicio del análisis de otros derechos vulnerados como la integridad y la libertad personal, el debido proceso y las garantías judiciales, la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, entre otros. Asimismo, concentró su análisis en algunos hechos o eventos que representan una clara expresión de los hechos violentos ocurridos en el período de análisis del GIEI según su mandato, esto es del 18 de abril al 30 de mayo. Además, el GIEI enfocó su trabajo en el deber de reparación del Estado. Para entender el proceso que comenzó en Nicaragua un 18 de abril de 2018 fue necesario analizar los ANTECEDENTES y un CONTEXTO más amplio compuesto de una sucesión de reformas, cambios institucionales y prácticas represivas que fueron limitando de forma sustancial el ejercicio de derechos ciudadanos.

Una vez analizados los antecedentes que permiten comprender las razones de las protestas sociales masivas y la forma como se gestó la desproporcionada respuesta del Estado, se analizan los HECHOS DE VIOLENCIA ENTRE EL 18 DE ABRIL Y EL 30 DE MAYO a partir de una serie de eventos que ocurrieron dentro del marco temporal de competencia del GIEI. Eventos compuestos a su vez por una serie de hechos, que en conjunto dan cuenta de las distintas formas que fue adquiriendo la expresión de la protesta y la represión del Estado.

A continuación se realiza una CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA que muestra cómo los eventos narrados son representativos de las formas y la intensidad de la violencia en el período que abarca el mandato del GIEI y se describen los patrones de violencia -especialmente el uso de armas de fuego con capacidad letal como forma de represión- y los actores que la llevaron a cabo, el impulso y aval político a la represión. También se analiza la detención de manifestantes, la actuación del sistema de salud y la garantía de impunidad con la que se ejerció la violencia estatal. A su vez, se analizan hechos de violencia cometidos en el curso o en los escenarios de las protestas.

En el capítulo sobre CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD se explica que, sobre la base de la información reunida, es posible afirmar que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad. Para eso, se analizan los requisitos de esa figura internacional a la luz de los hechos de represión y se mencionan las principales consecuencias de esa calificación: imprescriptibilidad, inamnistiabilidad, el principio de competencia universal y la posible actuación de la Corte Penal Internacional.

A continuación, en el capítulo sobre ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL se examina cómo se desarrollaron las investigaciones por las muertes violentas, sí cumplieron con los estándares internacionales en la materia, qué casos han sido esclarecidos y cómo. También se examina cuál ha sido la actuación del sistema de justicia penal respecto de las personas acusadas de cometer delitos en el contexto de las protestas, en particular se describen los procesos de criminalización que han sufrido en procesos penales donde no se han respetado las garantías del debido proceso.

En el capítulo sobre ACCIONES RECOMENDADAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS CRÍMENES se formulan algunas recomendaciones vinculadas con aquellas acciones que, a efectos de esclarecer los hechos y sancionar a sus responsables, deberían ser ejecutadas por quienes ejerzan responsabilidades institucionales sobre el sistema de administración de justicia, por quienes tengan incidencia en el diseño y ejecución de políticas criminales y por quienes se encuentren inmediatamente a cargo de las eventuales investigaciones.

Parte importante del trabajo del GIEI fue reflejar el impacto psicosocial de las violaciones de derechos humanos sufridas desde el 18 de abril por las víctimas y familiares, desde sus propias voces, por ello el informe contienen un capítulo denominado LA EXPERIENCIA DE LAS VICTIMAS Y SUS FAMILIARES:

“SIMPLEMENTE QUIERO QUE ESTA PESADILLA YA ACABE”. Es importante señalar respecto de este capítulo que el contacto con las víctimas y los familiares fue realizado bajo la continuación de graves violaciones a los derechos humanos, en un contexto de fuerte represión.

Posteriormente, en relación con las obligaciones de los Estados derivados de las violaciones a los derechos humanos cometidas, se observa que cuando se está frente a violaciones masivas y/o sistemáticas y la consecuente abundancia de presuntos perpetradores y víctimas, el sistema de justicia penal, sea este internacional o interno, se encuentra limitado para dar una respuesta en un tiempo razonable y mucho menos una respuesta integral. Por ello el GIEI, plantea en el capítulo una PROPUESTA DE PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES.

Después están las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a las que el GIEI llegó después de un trabajo de seis meses en Nicaragua.

El Informe del GIEI termina con un capítulo sobre las PERSONAS VÍCTIMAS DE MUERTES VIOLENTAS se individualizan las personas cuyas vidas cobró la violencia desplegada entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. Ocho eran niños y cuarenta y dos eran jóvenes que no sobrepasaban los 25 años.