SAQUEOS EN MANAGUA – PALI LA FUENTE

Durante la madrugada y la mañana del domingo 22 de abril se registraron en Managua varios saqueos simultáneos a comercios, especialmente supermercados, varios de ellos de la cadena Pali y Maxi Pali, del grupo Walmart.

No hay hasta el momento una explicación certera acerca de cómo se organizaron estos saqueos. Su simultaneidad indica que no fueron acciones espontáneas de robo, sino que hubo una decisión centralizada de llevarlos a cabo.

El domingo 22 de abril era el quinto día de las protestas, que habían ganado en masividad y se habían extendido a muchos puntos del país. Distintos sectores habían manifestado su apoyo a los estudiantes, entre ellos el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP):

“Expresamos nuestro total respaldo a todos los jóvenes, y a la población en general, que se han movilizado y manifestado pacíficamente en defensa de sus principios y derechos”.

Por su parte, el gobierno, en palabras del presidente Ortega, estaba sosteniendo un discurso en el que asociaba las protestas con la delincuencia:

“Entonces, yo diría que ese es el mayor peligro, la mayor amenaza que se está presentando en estos momentos, estos grupos de pandilla que van allá a la hora del alboroto y que van, sí, respondiendo a una dirección política que los utiliza para que anden volando balas y anden saqueando. Porque, claro, ellos ven una oportunidad de saquear, y van a saquear y a sembrar el terror, sembrar la inestabilidad, sembrar la inseguridad, porque estos siembran el terror y la inestabilidad en todos los ciudadanos”.

En este contexto, y pocas horas después de este discurso, se produjeron saqueos en varios comercios de Managua.

Para el gobierno, los saqueos fueron organizados por grupos que querían sembrar el caos:

“hay gente que sale a protestar realmente preocupada por el hecho, cuestionando el hecho que se produjo, pero después se suman los delincuentes y empiezan a asaltar las Tiendas, los Mercados, los Bancos, y a destruir y, lógicamente, llaman después a la gente pobre a que vayan a saquear también. O sea, convierten también a la gente en personas que caen en el delito. Ahí vemos las imágenes. Los que rompieron el Centro Comercial, no fue esa gente pobre que aparece después ahí llevándose cualquier cosa que agarró ahí en la tienda, llevándose unas porras o llevándose un radio… ¡No! Los responsables son los que rompieron, simplemente con el interés de sembrar el caos, y le vienen diciendo a la gente: Vengan, vengan, que vamos a romper allí. Vayan a agarrar allí”.

Desde otro lado, se acusó al propio gobierno de haber organizado los saqueos, como se refleja en algunas notas de prensa.

Hay ciertos elementos que son compatibles con esta segunda explicación. Por un lado, la simultaneidad de los hechos requiere un cierto nivel de organización que difícilmente tuvieran los grupos de protestantes. Por otra parte, el saqueo de comercios pertenecientes al sector privado no parece guardar relación con el sentido de las protestas, como sí podría tenerlo, acaso, el llevar a cabo acciones violentas como edificios identificados con el gobierno o con el partido de gobierno.

Entre las entrevistas realizadas por el GIEI se cuenta con dos relatos brindados por personas que trabajaban en medios de comunicación, uno de línea afín con el gobierno, y otro de perfil crítico. Ambos manifestaron que los medios de comunicación afines al gobierno parecían estar alertados de que habría saqueos.

Uno de los entrevistados relató que le llamó la atención la cobertura tan temprana por parte de medios de comunicación oficialistas. La otra persona entrevistada afirmó al GIEI que le consta que uno de los enviados por un medio oficialista -donde la persona entrevistada trabajaba- al lugar donde supuestamente estaba ocurriendo un saqueo, llegó antes que el saqueo comenzara.

Por otra parte, en un video del día de los hechos se observa a un señor que camina llevando mercadería y es abordado por una periodista. En ese diálogo el hombre dice: “a los sandinistas nos están mandando a robar, Daniel Ortega dijo que fuéramos a saquear”. La periodista pregunta si cree que eso está bien y el hombre responde: “no, está mal pero son órdenes de Daniel para establecer el país”.

Más allá de cuál haya sido la forma en que se organizaron, lo cierto es que en el escenario de los saqueos se registraron enfrentamientos entre participantes en los ataques a los negocios y vecinos que intentaban defender los comercios. Asimismo, se registraron hechos de violencia que tuvieron como protagonistas a la Policía Nacional y que incluyeron dos muertes por heridas de arma de fuego disparadas por agentes policiales en las inmediaciones del supermercado Pali del barrio La Fuente.

Dos muertes por disparos policiales cerca del supermercado Pali del barrio La Fuente 

El supermercado Pali del barrio La Fuente queda ubicado en la calle Hermanos Rumaga entre la calle Fátima y la Av. Isidro Centeno en el barrio La Fuente, Managua.

En la mañana del domingo 22 de abril, aproximadamente a las 9:00 horas, se produjeron incidentes en las inmediaciones del supermercado. Existen varios videos de este evento que incluyen lo que sucedía antes de la llegada de la policía y lo que sucede a continuación.

Según surge de uno de los videos, esa mañana había grupos de vecinos del barrio La Fuente que estaban tratando de defender el supermercado ante un intento de saqueo. En el video se reitera varias veces que se ha llamado a la policía y “no hace presencia”. Varias personas se refieren al grupo agresor y en varios pasajes dicen que “no son del barrio”, que son “ladrones”, “pandilleros”, que “no son protestantes, ni estudiantes”, y algunas personas afirman que “son de la misma policía, los mandan a robar”. La escena parece enfrentar a grupos de dos barrios contiguos, el barrio La Fuente y el barrio Urbina. Algunas personas dicen que son del barrio Urbina y una señora le aclara a quien graba el video que el grupo que intenta saquear no es de ninguno de los dos barrios.

Luego de un rato, llega un grupo de seis policías corriendo junto a una camioneta de la fuerza y se dirige, ya con armas desenfundadas, hacia la esquina del supermercado que mira hacia el barrio Urbina.

Los policías se sitúan debajo de un árbol y desde allí comienzan a disparar reiteradamente hacia ese barrio. A su vez, algunos vecinos se colocan a la par de la policía y se enfrentan a pedradas con personas que están en el barrio Urbina. Entre las armas que utiliza la policía se observa una AK-47. Uno de los presentes en el lugar dice: “están tirando balazos, aprecien, esto es lo que hace la policía, que el pueblo se mate entre el pueblo”.

El primer fallecido es Izmael José Pérez Vilchez. Izmael estaba en el grupo de vecinos que arrojaba piedras hacia el Barrio Urbina desde una posición cercana al lugar en que estaba apostado el grupo de policías. En las imágenes se puede apreciar con claridad que en cierto momento Izmael y otras personas corren hacia el frente y quedan por delante de la posición en la que estaban los policías disparando. El avance de este grupo es perfectamente visible para los policías. Sin embargo, cuando estas personas habían avanzado algunos metros, se ve el fogonazo de un disparo policial y se oye la detonación de dos disparos casi en simultáneo, probablemente por un arma a repetición. Momentos después se observa cómo traen a Izmael herido en la cara, con la mandíbula destrozada. En el audio correspondiente se oye a la gente diciendo “el mismo guardia le dio”. Varias personas se refieren a Izmael como “Lala”, su apodo. Izmael es subido a una camioneta para llevarlo al hospital. Ninguno de los policías auxilia al herido y, por el contrario, siguen disparando.

En uno de los videos puede verse a gente increpando a la policía por haber disparado contra el joven y también a un hombre de camiseta amarrilla, a quien parecen responsabilizar por la actuación policial.

Momentos después es alcanzado otro joven que se encontraba en el grupo contrario, situado en el Barrio Urbina. También hay un registro audiovisual que captó los hechos. Allí se observa a algunas personas tirando piedras hacia el sector donde estaba la policía y el grupo que integraba Izmael hasta ser impactado. Entre esas personas se lo ve a Jesner Rivas, de 16 años, quien luego de arrojar algunas piedras es herido por un disparo policial. Las personas que presencian la escena dicen, momentos antes del impacto, “es la policía que está disparando”. El disparo que hiere a Jesner es el sexto que se oye desde que él llega a la escena. Apenas Jesner es herido, se escucha que alguien dice “le dieron a otro”. El anterior había sido Izmael.

Hay fotografías que muestran a Jesner herido y cuando es asistido para ser trasladado en moto al hospital.

Tanto Izmael Pérez Vilchez como Jesner Rivas fallecieron en el hospital Roberto Caderón (ex “Manolo Morales”). En el caso de Jesner la constancia expresa que la causa de muerte es “herida por arma blanca”, a pesar de que es evidente por los registros audiovisuales que fue herido por disparo de arma de fuego.

La inexactitud o directamente la falsedad de las causales de muerte que se insertaron en las constancias de defunción es algo que pudo verificarse en otros casos a los que tuvo acceso el GIEI.

Ambas familias firmaron actas de desistimiento confeccionadas a mano en la subdelegación Distrito V de la Policía Nacional para que les entregaran el cuerpo. Se trata de una medida que fue adoptada en muchos de los casos relevados por el GIEI y que no tiene ninguna base legal. Según la legislación, en casos de muerte violenta deben llevarse a cabo autopsias para determinar las causas de muerte y deben abrirse investigaciones de oficio. Sin embargo, esta irregular práctica de hacerle firmar actas de desistimiento a las familias de personas fallecidas en el marco del contexto de los hechos de violencia fue muy extendida.

Según uno de los relatos recibidos por el GIEI, una tercera persona fue herida en un tobillo por un impacto de bala, pero prefirió no hacer la denuncia.

Los hechos ocurridos en el barrio La Fuente, registrados por varios videos, son un claro ejemplo de un uso letal e injustificado de la fuerza por parte de la Policía Nacional: un grupo de policías disparando a discreción armas de fuego, que incluyen un arma de guerra AK-47, contra personas civiles que participan de un disturbio y, en el que, el poder ofensivo se reduce a arrojar piedras.

Por otra parte, en el caso de las dos víctimas fatales se observan prácticas irregulares de otras instituciones del Estado. Al menos en el caso de Jesner Rivas, el certificado de defunción confeccionado en el hospital público no consigna la verdadera causa de muerte y, en ambos casos, el Estado prescindió de realizar autopsias. Para ello, obligó a la familia a firmar actas en la Policía Nacional donde renunciaban a formular una denuncia y a enviar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal para ser examinado, como si no existiera una obligación del Estado de actuar de oficio.